Realidad y Deseo

(Número conmemorativo del 1º aniversario de ABC Cultural, 17 de noviembre de 2001)


Parecía lógico que a la revolución musical sufrida por este país en la década de los ’80 –creación generalizada de orquestas sinfónicas, construcción de nuevos auditorios- y a sus consecuencias –importación masiva de profesionales extranjeros para hacer frente a la nueva situación- siguiera en la de los ’90, tras la obligada reflexión sobre todo ello, un amplio periodo de revisión de la enseñanza musical y de todos sus derivados, desde la actualización de los planes de estudios hasta la planificación racional de la red de centros y de la oferta educativa, no en función de una demanda asilvestrada y caprichosa, sino de las necesidades reales del mundo profesional y de la nueva vida cultural. La aprobación de la LOGSE en 1990 supuso el punto de partida de una reforma que, si bien ha modificado radicalmente el desolador panorama anterior, dista mucho todavía de haberse culminado, tanto en lo que se refiere a su desarrollo normativo como a su aplicación.
En cuanto al primero, quedan pendientes de aprobación por el Gobierno normas tan importantes como los reales decretos que habrán de regular las equivalencias entre las antiguas enseñanzas y las actuales (imprescindible para una correcta implantación del nuevo grado superior, que se ha visto obligado a iniciar su andadura con carácter generalizado en todo el país sin contar con tan importante norma), o el establecimiento de las materias pedagógicas que la Ley exige haber cursado para el ejercicio de la docencia de estas enseñanzas, entre otras.
Por lo que a la aplicación se refiere, resulta fácil comprobar el grado de disparidad y la falta general de criterio del que están haciendo gala las diferentes Administraciones educativas, tanto por defecto como por exceso en el cumplimiento de sus obligaciones autonómicas y en la obligada vinculación entre cada una de ellas y las restantes. La muy reciente implantación del nuevo grado superior no ha podido hacerse en condiciones más variopintas (heredadas sin duda de la situación anterior, pero que pocas Comunidades Autónomas se han ocupado de enderezar adecuadamente), y que afectan tanto a los propios centros -en muchos de los cuales, 9 años después de haberse aprobado el real decreto de requisitos mínimos, todavía siguen mezclados los estudiantes del grado superior con los del grado elemental-, como al propio calendario de aplicación, que se ve obligado a dar cobijo jurídico a situaciones tan dispares como la de Castilla y León (en cuyo Conservatorio superior de Música de Salamanca se ha iniciado este año el 2º curso del nuevo grado superior) o la de Madrid (en cuyo Real Conservatorio Superior de Música no había dado aún comienzo la impartición de las clases correspondientes al primer curso de dicho grado en el momento de redactar este artículo –10 de noviembre-).
A mi juicio, las innegables bondades de la reforma acometida –entre las que destacan, además de las citadas arriba: estructuración del plan de estudios, titulación superior equivalente a todos los efectos a la de Licenciado universitario, incremento de los tiempos lectivos, separación de los centros según los grados de las enseñanzas impartidas, y creación de Escuelas de música para atender la demanda no profesional, entre otras-, hacen preciso todavía un mayor compromiso de las diferentes Administraciones para que los objetivos previstos trasciendan la teoricidad del “B.O.E.” y se conviertan en una realidad incuestionable. Ese compromiso pasa tanto por arbitrar los recursos necesarios para que lo establecido pueda aplicarse en las mejores condiciones, como por desarrollar una sensibilidad política para con estas enseñanzas, que, salvaguardando su especificidad, las sitúe en el marco jurídico, académico y organizativo más adecuado, así como una credibilidad social hacia los responsables de su impartición, mermada en los últimos años por la no siempre acertada manera en la que se ha transmitido a la sociedad la necesidad de preservar la dualidad profesional artística y docente del profesorado, sin detrimento de ésta en beneficio de aquélla.
Son muchas, en resumidas cuentas, las etapas de la reforma que han de ser superadas para alcanzar con éxito el objetivo perseguido, e incumbe a todos y cada uno de los sectores implicados (Gobierno, Administraciones educativas, equipos directivos, profesores y alumnos) contribuir a que el tramo que falta para su culminación (y el más delicado, por cuanto es el que desemboca directamente en el ejercicio profesional) no se vea una vez más negativamente afectado por las ya tristemente habituales torpezas de administraciones insensibles, o por la ambición de unos pocos, pero influyentes representantes del sector, que no dudan en anteponer sus intereses personales al bien común. Archipámpanos ya hemos tenido muchos en la historia de estas enseñanzas; ahora deben soplar otros vientos, si no queremos perder definitivamente un tren de credibilidad que circula entre nosotros con demasiados años de retraso.

José Luis Turina
Madrid, noviembre de 2001